16 de julio de 2017

María de los Ángeles Pagano: La Militancia Sindical desde las Prácticas de las Mujeres

MARÍA DE LOS ÁNGELES "POCHA" PAGANO
Trabajadora de prensa
Histórica militante del gremio gráfico

La Asociación de Prensa de Santa Fe se presentaría como querellante en la reapertura de la causa de los homicidios de dos abogadas

“El secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF), Pablo Jiménez, informó que el gremio se presentaría como querellante judicial en la reapertura de la causa por el homicidio de las abogadas santafesinas, Marta Zamaro y Nilsa Urquía, que fueron víctimas de las acciones de la Triple A. 
“Como sindicato apuntamos a la recuperación de la memoria, pero a través de este caso vimos la posibilidad de que estos crímenes no queden impunes”, aseguró el periodista. Las letradas habrían sido asesinadas por un grupo de represores santafesinos y de otras provincias que formaban parte de la Alianza Anticomunista Argentina. Además, se estima que en la muerte de las abogadas podría estar implicado un grupo paramilitar de Paraná. Si bien en principio se sostuvo que estos últimos podrían estar relacionados a la Segunda Brigada Aérea de Paraná, ello no está confirmado.
“Cuando asumimos nos propusimos trabajar no sólo en lo gremial, sino también apuntar a recuperar la memoria”, indicó el periodista.
Luego añadió: “La colega Cintia Mignone, que se dedica a la investigación histórica, estuvo investigando todo de esa época. Porque no solamente fue Marta la que sufrió con su muerte, sino los trabajadores que fueron intimidados y amenazados e incluso tuvieron que migrar a otro lado por la persecución”.
En ese sentido agregó: “Muchos compañeros siguen vivos y muchas veces relataron la historia de lo que pasó, por eso me parece una excelente forma de expresar lo que pasó en esa época”.
“La causa tiene información y fotografías de los vecinos que vivían cerca de la casa de Marta, eso creemos que es una base importante para comenzar con la investigación y se encuentre a los culpables que hasta hoy están impunes”, indicó el periodista.
Por otra parte, explicó que “los familiares nunca avanzaron en la búsqueda de justicia porque no encontraron el contexto político y social como para sentirse seguro para iniciar la causa. Incluso la madre de Marta estaba muy cerrada en su idea de dejar todo como estaba, pero luego se animó a encontrar a los culpables de la muerte de su hija”. 
Secuestro y muerte
Marta Zamaro y Nilsa Urquía estaban amenazadas. Sabían que tras la muerte de López podían ser las próximas víctimas de la Triple A. Llevaban vidas públicas y no disponían de muchos recursos económicos para huir en momentos límites. Zamaro y varios de sus viejos compañeros del Nuevo Diario habían sido amedrentados por colegas reaccionarios que formaban parte de la vida del periódico. Por esas amenazas deciden irse del medio Pocha Pagano, Alcira Ríos y Tatino Córdoba. Nilsa, en tanto, ya sabía que la suerte estaba echada y que su cabeza estaba pedida por la criminal Triple A. 
El 14 de noviembre, cuando la patota secuestró a las abogadas en la casa que habitaban, Urquía debía viajar a Buenos Aires a terminar unos trámites con su visa para viajar a México, embarque que estaba previsto para el 17 del mismo mes. 
Marta le había comentado, tres días antes del secuestro, a su amiga Bochi Clapes que “corría riesgo”, y que probablemente se iba a ir a vivir con ella porque Nilsa abandonaba la casa de Diagonal Aguirre. Urquía vio por última vez a su hermano en la casa que ocupaba con Zamaro. Tenía un brazo entablillado porque se había lesionado un tendón al correr un mueble. No comentó mucho del viaje, pero Miguel Ángel sabía que se iba a México a la brevedad. Marta visitó a su hermana Susana el 12 de noviembre en horas de la tarde. Pasó por la casa que Susana habitaba en barrio Roma. La última vez que Zamaro fue a trabajar al Nuevo Diario fue el 13 por la tarde y salió a las 0.30 del 14 de noviembre. Fue la última vez que la vieron con vida sus compañeros. 
Nilsa, en tanto, estaba ansiosa por el viaje, que se complicó a último momento. Como la ruta del avión que la llevaría a México debía hacer escala en Miami, tuvo que actualizar un trámite de Visa para recalar en Estados Unidos. Los boletos aéreos los compró el 7 de noviembre en la empresa Delta Tours, que estaba ubicada en calle 25 de mayo 2490. El pasaje era abierto por 28 días, situación que hacía prever un regreso cercano, o solo una distracción para sus seguidores. Como el trámite de la Visa se demoró, le sugirieron que viaje a la Compañía de Viajes Branniff, en Capital Federal, ya que personalmente se podía solucionar en un día. El 14 debía estar en Buenos Aires. No pudo partir, antes fue secuestrada. 
Una patota integrada por matones a sueldo y por integrantes de los servicios de inteligencia locales y de, presumiblemente, la Policía Federal -fuentes de la época también sugieren que pudo haber participado un grupo de la Fuerza Aérea de Paraná- entraron por la fuerza a la casa de la abogadas el 14 de noviembre. Rompieron los vidrios de la puerta que comunicaba a un pasillo, y posteriormente accedieron a la escalera que terminaba en la planta alta de la finca de Diagonal Aguirre 2533. Las golpearon, principalmente a Zamaro, y se las llevaron del lugar. Se escucharon gritos y ruidos intensos. Sin embargo, “nadie vio ni escuchó nada”.
El dueño de las dos plantas de la casa, el italiano Julián Matiazzi, denunció que le habían querido entrar a su casa el 15 de noviembre. Arriba vivían las abogadas, en Diagonal Aguirre 2533. Allí la policía tuvo tiempo de contaminar todo, pero además montaron una fantástica operación de descrédito: con dos testigos de actuación allanaron por orden del juez Federal de entonces, Elbio Cano, por haber encontrado material “posiblemente vinculados a grupos extremistas”. Quedó plasmado en la Nota S 7623 en donde, además, el comisario a cargo del procedimiento, Aníbal Bustamante, le informó al jefe de la Zona de Inspección, que a su vez notificó al D2 (Departamento de Informaciones) de la URI, que envió al entonces subjefe: Germán Chartier, que hoy tiene alrededor de 80 años y tiene domicilio en barrio Candioti, pero que en realidad habita una quinta en las afueras de la ciudad. Fue vital para darle legalidad a la diligencia un antecedente de Marta: el 3 de octubre de 1969 fue investigada por la presunta infracción a la ley 17.401, una norma que perseguía y hasta podía ser causal de despido a quienes simpaticen con partidos o agrupaciones de izquierda. 
De la casa de las abogadas se llevaron varios documentos, entre ellos un expediente civil: Renné Elliot Vannay c/ S y R SAYC sobre demanda ejecutiva, expediente 525 del año 1973. 
A priori, no tiene nada que ver con el desenlace brutal de las letradas, pero algunas fuentes judiciales consultadas dijeron que podrían haberlo puesto para asociar el crimen a una venganza dentro de la profesión. Sólo versiones.
Los cuerpos sin vida y mutilados de la abogadas fueron encontrados en cercanías al Arroyo Cululú -en el departamento Las Colonias, Santa Fe- el 16 de noviembre de 1974. Las fotos que pueden verse en el expediente de la época son bastantes gráficas: vendas en la cara, trapos en la boca, atadas las manos, cuerpos golpeados. Impunidad y sadismo. 
Para entonces, el Jefe de la Unidad Regional del departamento Las Colonias era Dante Héctor Maillier, un oficial que solía usar su casa de Santo Tomé para recibir, asados de por medio, a militares de entonces, sobre todo aquellos que revistaban en el Batallón de Anfibios. El juez de instrucción que “tramitó el expediente” fue Néstor Latorre y su Secretario Danilo Guillermo Imhoff. Todas las fojas del mismo llevan a la nada. Está claro que no les interesó investigar el crimen. Seguramente, habrá habido órdenes de no hacerlo. 
Sin embargo, algunos nombres que aparecen en la causa pueden aún aportar datos de interés. Quien encontró los cuerpos en el arroyo fue Daniel Enrique Castro, de entonces 24 años y domiciliado en Progreso, de profesión viajante. Fue quien avisó a la Policía de la zona. 
El primer parte policial del hecho lo confeccionó Guillermo Haggemann, el Gringo que durante la democracia -y con Jorge Obeid como Gobernador- fue jefe de la ex Dirección de Drogas Peligrosas cuando el Pollo, Héctor Colombini era el subdirector. 
En marzo de 1996, los familiares de las abogadas le dieron un poder a Alfredo Nogueras para tramitar administrativamente los alcances de la ley que establecía una reparación a las familias de los muertos o desaparecidos por el Estado. 
En octubre de 2010, tanto la fiscal santafesina Liliana Lauxmann como el juez de instrucción Darío Sánchez declaran la prescripción de la acción penal. El expediente llegó a la Secretaría de Derechos Humanos en noviembre el año pasado para ser incorporado al Archivo de la Memoria.
Pero 37 años después será agregado como prueba a la causa por delitos de lesa humanidad que impulsará como querellante la Asociación de Prensa de Santa Fe. El gremio envió un parte de prensa a los medios locales en donde aclaran los motivos que impulsarán la acción penal: “La Asociación de Prensa de Santa Fe quiere ser parte activa en este proceso que contribuirá a revelar la verdad del que, probablemente, sea el primer crimen cometido por el Comando Anticomunista del Litoral (CAL), versión santafesina de la banda terrorista Triple A, en el marco del plan sistemático de exterminio que luego continuaría la dictadura militar (…) con esta decisión, la Comisión Directiva de la APSF reafirma su compromiso con la memoria y la justicia frente a la proximidad de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976”


Año: 2017
Cantidad de Bloques: 02

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